Criminalizar la protesta
STALIN GONZÁLEZ |
EL UNIVERSAL
16 de marzo de 2011
La trágica muerte de Franklin Brito, la cantidad de
personas que están bajo régimen de presentación, la condena de un dirigente
sindical a quien un día sentencian y al otro por presión social dejan en
libertad, pintan de cuerpo entero el escaso o nulo talante democrático del
Gobierno. El abuso descarado del poder llega al punto de emitir sentencias por
televisión (nueva forma de justicia instaurada). Este es el escenario que ha
venido teniendo la historia política de nuestro país. El control de la gente no
se gana. Se impone a fuerza de pretender silenciar la racionalidad de quienes
promovemos una visión distinta y una alternativa de gobierno que dé cabida
dentro de la gestión pública al contrario.
Hoy los criterios de distribución del patrimonio
nacional se miden por la lealtad al líder máximo. Ya ni siquiera el carnet del
partido vale. Es indispensable la anuencia política, el apego estricto a las
ideas del supremo. La única norma que respalda la asignación presupuestaria es
aquella según la cual el presupuesto público de tal o cual institución es
directamente proporcional al apoyo y el compromiso que la misma tenga con la
revolución, con el Gobierno central. Lo importante no es si perteneces a alguna
organización revolucionaria sino cuán fiel eres al jefe. Por ende, el impacto
de los proyectos, la naturaleza misma de la actividad que desarrolla la
institución, el peso poblacional u otro argumento de relevancia no son hoy
elementos de peso para la asignación de recursos. Por ello existe el
ahorcamiento a las universidades autónomas; por ello se despojó a las
gobernaciones y alcaldías de lo relativo a LAEES y FIDE; por ello hay tantos
fondos de inversión que no rinden cuentas y dan uso discrecional del dinero;
por ello una cantidad de personas importantes han venido en los últimos años
usando las mil y unas formas de protesta.
Pero, ¿quién responde a las inquietudes de los
docentes, de los médicos, de las enfermeras, de los sindicatos, de los empleados
públicos, de los empleados del sector privado que se han quedado desempleados a
propósito de las expropiaciones? ¿Quiénes responde a los comerciantes
informales y a esa sociedad civil que día tras día vive y padece la realidad de
un sistema que simplemente cambia de idea de acuerdo al humor con el que se
levante el "jefe"? Al Gobierno nacional el dolor del país le importa
un bledo.
Aplaudimos a todos los venezolanos que elevan su voz
exigiendo el respeto de sus derechos. Solidaridad con ellos y sobre todo con
nuestros compañeros estudiantes. El objetivo no es el presupuesto de la
universidad. El objetivo es que nos reconozcan. El objetivo es la defensa de la
democracia como principio irreductible.
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