Esta semana, el
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas publicó su
informe sobre las condiciones de los derechos humanos en Venezuela y,
lamentablemente como era de esperarse, el régimen salió reprobado en todas las
áreas que abarcó la comisión que recientemente visitó el país.
Este informe no
puede ser más contundente y oportuno, justo en la misma semana donde los
crímenes del Estado dejaron como saldo la muerte de un militar por tortura bajo
la custodia de organismos de seguridad y, por consecuencia del uso
desproporcionado de la fuerza, un joven tachirense perdió la vista; ambos casos
responsabilidad de los órganos de represión del Estado.
Los Derechos
Humanos, sus cumplimientos y garantías, son responsabilidad exclusiva del Estado,
quien debe proteger a todos los ciudadanos, desde los derechos fundamentales
como el derecho a la vida o a la identidad, así como garantizar las condiciones
para el acceso a la alimentación y a la salud, sin ningún tipo de
discriminación por circunstancias sociales, étnicas o políticas.
En el caso de los
derechos civiles y políticos, el informe señala lo que hemos venido denunciando
desde hace años, y es el continuo secuestro de los espacios básicos de
manifestación ciudadana, desde la libertad de expresión, la libertad de
manifestación y de participación política, todos derechos violentados por los
organismos de seguridad del Estado, con evidentes casos de censura, uso
desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas, detenciones
arbitrarias y casos de tortura, en especial a miembros de la Asamblea Nacional,
representantes del pueblo por excelencia.
Uno de los
llamados más importantes de la comisión, tiene que ver con el abuso de los
organismos de seguridad, en particular del FAES, donde concluyen que puede
haber casos de ejecuciones extrajudiciales e incluso una política de control
social en contra de la población, sobre todo los sectores con menos recursos y
más afectados por la crisis que ellos mismos han generado.
Nuestra
preocupación es que esta crisis debe terminar ya. No hay manera de tolerar que
un gobierno irresponsable nos haya empujado a nuestra peor crisis y que, como
parte de sus políticas, viole sistemáticamente los derechos de todos los
venezolanos. Este informe nos debe dar las herramientas para que las víctimas
puedan tener acceso a la justicia y a una apropiada reparación por los daños
que le ha ocasionado este régimen.
El trabajo que
hacemos cada día nos acerca más a ponerle fin a este desastre. Cada día nos
acercamos más al final de esta pesadilla. Nos enfocamos en reivindicar cada día
los derechos de cada ciudadano, desde la libertad a opinar y a decidir, hasta
los más básicos y elementales como la vida y la alimentación. Nuestra ruta del
cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres es la mejor
vía para evitar que crímenes como los que refleja el informe, no vuelvan a
pasar en nuestro país.
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