4 de Enero de 2019
El día de
hoy 5 de enero, corresponde la instalación del período de sesiones de la
Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Como cada año, en esta sesión, elegiremos a los
diputados que se encargarán administrativamente de presidir a la junta
directiva y a las comisiones durante todo el año 2019.
Los retos
que tenemos cada año siempre apremiantes porque corresponden a las necesidades
actuales de nuestra sociedad, y en este año parecen ser mucho más importantes
que otras ocasiones, pues venimos de sufrir el peor año en todas las esferas de
nuestra vida pública. Un retroceso dramático en las condiciones de sanidad y
salubridad del sistema de salud pública, un retroceso impactante de la
matrícula escolar, sin contar que la recesión económica llega a su sexto año,
con una caída de más de la mitad de la capacidad productiva, la pérdida de 2/3
de la producción petrolera nacional y con una crisis hiperinflacionaria que
hunde al 90% de la población en condiciones de pobreza.
Y,
probablemente, la peor crisis que vive nuestro país, es la pérdida de las
instituciones democráticas, la separación de poderes, y el imperio de la ley,
en un Estado social de derecho, como lo establece nuestra Constitución.
El origen fundamental
de la crisis en estos últimos años ha surgido por la falta de controles y
contrapesos que caracteriza nuestro sistema político, donde la Asamblea
Nacional tiene un lugar protagónico como el más fiel representante de los
intereses de la población del país, en justa proporción de sus intereses a
través de sus diputados.
Corresponde
al Parlamento no sólo la actividad legislativa en la formación de leyes en
provecho de un mejor desempeño de las actividades públicas, sino, en un
carácter más apremiante cada día, la de ejercer el control de las actividades
administrativas y fiscales de todos los niveles de gobierno de la
Administración Pública Nacional, función ésta que el actual gobierno desconoce de facto.
Las
condiciones económicas y sociales de Venezuela exigen la participación de un
parlamento más activo, con sus funciones plenas, y como centro de debate
nacional de las más altas políticas públicas. Desde la supervisión de sistemas
de control y seguimiento de los principales indicadores sociales como
desnutrición, salud materno-infantil, educación básica, inseguridad, producción
nacional, índice de precios al consumidor, entre muchos otros; hasta el
establecimiento de grandes lineamientos de política nacional.
El juego
democrático de cualquier sociedad pasa no sólo por la decisión de la mayoría,
como en efecto 14 millones de personas definieron la composición de la actual
Asamblea Nacional en 2015, sino en el reconocimiento de las instituciones que
organizan a la misma sociedad. El desconocimiento de la elección de 3
diputados, y el intento de anular a toda una rama del Poder Público Nacional,
es muestra de no querer respetar a la democracia y sus leyes.
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