PAIS EN RIESGO

Desde la Asamblea Nacional, desde nuestras comunidades, desde nuestros trabajos, desde las universidades, desde cada uno de los espacios hay que prender todas las alarmas y denunciar a todo el mundo el atropello que Nicolás Maduro quiere realizar al imponer por la fuerza un proceso constituyente totalmente fraudulento.

El riesgo es de tal magnitud que significaría perder los principales conceptos que nos identifican como venezolanos. La pérdida de los principios de república, federación y democracia es el trasfondo de esa maniobra que intentan meter de contrabando para arrebatarnos nuestras condiciones de ciudadanía y libertad.

La república es la mayor herencia de todo el proceso de independencia, ya que nos define como ciudadanos, todos iguales ante la ley, en contraposición a la relación de monarquía y súbditos establecidos en el período de la colonia española. La Constitución de 1830 establece la primera República de Venezuela como unidad de ciudadanos que se permiten dar su propio gobierno y organización.

Más adelante, las distintas constituciones han ido avanzando en los derechos civiles y sociales aboliendo la esclavitud, organizando el territorio y conquistando el voto universal, directo y secreto, con participación de todas las personas sin condiciones de formación, raza o credo, así como la participación de la mujer. La Constitución de 1947 reivindica a la democracia como el principal avance a la modernidad venezolana.

Este fraude constituyente pretende borrar, de un solo plumazo, esos valores propios del venezolano al quitar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y quitar la elección universal, con el principio de “cada persona un voto”, para tratar de imponer desde una muy pequeña minoría una forma de gobierno autocrática a la gran mayoría, lo cual hiere mortalmente la gobernabilidad, la república y la democracia.

Nuestro llamado es a defender nuestra Constitución como única herramienta para mantener las conquistas logradas a lo largo de nuestra historia. El pasado nos obliga y nuestro futuro nos lo exige.

CON OJOS VIGILANTES

En estos últimos días hemos tenido la oportunidad de observar que poco a poco, cada día, se alzan más voces de protesta en contra del mamotreto de Asamblea Nacional Constituyente que desde este gobierno autoritario se quiere montar por iniciativa del proponente para quitarle cada vez más derechos a los venezolanos.

Se escuchan voces disidentes, entre ellas las de quienes alguna vez creyeron que este gobierno adoptaría un rumbo democrático. Personas que ocuparon cargos públicos desde que comenzó la era política 1998-2017, y a casi 20 años coinciden en que las actuaciones del Presidente y su combo restringen, limitan y cercenan derechos que fueron progresivamente alcanzados.

Los ojos del mundo están vigilantes de cuanto ocurre en el país y sus instituciones, sobre todo en reserva y preservación del sistema democrático de la región más antiguo. Hemos asistido al Vaticano, donde se ha escuchado la alta preocupación por los sucesos en Venezuela. El Parlamento Europeo ha señalado la preocupación de lo poco democrático que resulta la actuación del Gobierno. Asimismo, en la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos vemos que hay un consenso en condenar la forma como ha sido presentada la ANC por ser excluyente y alejarse de los principios fundamentales de la democracia.

La mayoría de los venezolanos hemos dado con la patraña montada por unos pocos que desde el poder han pretendido romper con la disposición fundamental de la alternabilidad. Las mafias de corrupción han sumergido al país en la peor crisis económica y social de nuestros tiempos. Justifican sus actuaciones en el nombre del pueblo, pero solo lo hacen para amasar fortunas.

La única manera posible de frenar esta locura que nos lanza a todos por un barranco y perder todos nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra democracia y nuestro país, es saliendo todos a la calle y alzar nuestra protesta pacífica para detener este atropello.

VOTO UNIVERSAL, SECRETO Y DIRECTO

Desde hace ya más de 10 años hemos venido defendiendo cada evento electoral como la mejor vía de defender nuestros derechos y reivindicar nuestras demandas sociales más inmediatas, desde el rechazo a una reforma constitucional hasta las elecciones de nuestros distintos representantes.

También, vemos que las conquistas sociales, a lo largo de la historia, siempre son de carácter progresivo, es decir, que en la medida en que vamos avanzando como sociedades modernas, vamos incluyendo derechos sociales y civiles que se mantienen a lo largo de la vida republicana de las instituciones.

Es cierto que la conquista de esos derechos no siempre se hace de manera armónica, sino que son el fruto de años de lucha y de debate profundo dentro de las sociedades. Vemos capítulos como el de los derechos civiles de la sociedad negra en la mayoría de los países o incluso la abolición de la esclavitud como parte de esa conquista de derechos.

En nuestro país, tales conquistas representaron en el siglo XX la participación de las mujeres en el ejercicio del voto, así como la elección universal directa y secreta como el mecanismo más eficiente de la democracia y de la participación ciudadana.

Atrás quedaron las elecciones indirectas, también llamadas de segundo grado, que mediante intermediarios lesiona el principio de representatividad, así como la designación a dedo de gobernadores, alcaldes y demás representantes.

Hoy nos toca nuevamente estar en la calle para defender y reivindicar nuestros derechos. Hoy, el derecho a elegir sigue estando amenazado y secuestrado por una minoría que tiene miedo a contarse. Nosotros, sin temor a dudas, defenderemos siempre el más elemental de los derechos democráticos y es el derecho a elegir libremente, sin condiciones ni ataduras.

Una vez más, nos toca estar en la calle defendiendo lo que nos quieren arrebatar con las armas, con la fuerza, y no es más que la capacidad de todos de votar por un país mejor.

ELECCIONES YA

La diferencia entre un régimen democrático y uno que no lo es, definitivamente son las elecciones. Hemos debatido mucho sobre la legitimidad política de cada sistema y de las condiciones que se deben observar para evaluar el carácter genuino de las acciones públicas.

Pero la institución que no tiene ningún tipo de discusión es la institución del voto como máxima representación de la democracia, como expresión de la ciudadanía y como respaldo y respeto a los distintos representantes públicos. Es con nuestro voto que validamos las acciones y con las que podemos castigar aquellas políticas que nos han puesto en situación de pobreza. No hay nada, democráticamente hablando, que pueda suspender el derecho al voto como expresión política, tanto que es valorado como un derecho fundamental y humano por nuestra Constitución.

Por lo tanto, cualquier argumento que trate de modificar, alterar o suspender cualquier proceso electoral, está fuera de toda norma democrática.De la misma manera, nuestra Carta Magna establece el ritmo por el cual los distintos órganos del Estado deben ser electos, con períodos de duración bien específicos para el Presidente de la República, para diputados de la Asamblea Nacional, para gobernadores y consejos legislativos y para alcaldes y concejos municipales. No hay ningún reglamento o ley especial que pueda condicionar la celebración de las elecciones en el tiempo estipulado por la Constitución.

El actual CNE, de manera arbitraria y por órdenes del Gobierno, pretende eliminar la posibilidad de los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes para, de esta manera, eliminar el fundamental ejercicio de democracia, que es la participación libre en un proceso electoral. No hay democracia sin elecciones, así como no hay gobierno sin democracia.

Nuestra lucha hoy, pacífica y constitucional, solo reivindica lo que por derecho nos corresponde, y es el derecho a elecciones, a un cronograma electoral, y resolver nuestras diferencias políticas a través de las instituciones democráticas que nuestro sistema político establece. @Stalin_Gonzalez

PARA SUPERAR LA POBRAZA

Se ha hecho público de parte de las universidades UCV, Ucab y USB y de un grupo de ONG, un estudio acerca de los datos de los ingresos de las familias venezolanas, el costo de la canasta básica –aquella que nos permite cubrir nuestras necesidades básicas de salud, vivienda, educación, alimentación y recreación– y los datos de la canasta alimentaria –el grupo de productos que alcanza para los hábitos de consumo de la población.

Existen en el mundo muchas formas de definir la pobreza. Una de ellas tiene que ver con los ingresos de los hogares y la posibilidad de cubrir sus necesidades. Cuando a una familia no le alcanza el dinero para cubrir las necesidades básicas, se considera que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Y aún peor, cuando esos ingresos no te permiten cubrir la alimentación de la casa, esa línea se conoce como pobreza extrema.

Más allá de los cálculos, no nos hace falta aplicar fórmulas estadísticas para conocer que, en nuestro día a día, nuestros ingresos han sido destruidos por una inflación descontrolada y alimentada por los focos de corrupción que se muestran desde el des-Gobierno, y que nuestros salarios no nos alcanzan para las cosas básicas, como reparar la moto o comprarse un par de zapatos o la lista de útiles de los niños para la escuela.

Mucho menos nos alcanza para alimentar adecuadamente a nuestras familias, y por eso cada día vemos que hay cada vez más gente comiendo basura en la calle, que cada día vemos a un familiar o amigo pasar más y más dificultades para poder llevar el pan a la casa. El estudio refleja que siete de cada 10 venezolanos está cada día más flaco por falta de alimentos y cambios en el hábito de comer.

La pobreza ha llegado gracias a las políticas equivocadas del Gobierno. Desde la Asamblea Nacional pueden realizarse los controles y las denuncias necesarios para atender las necesidades de todos; solo hace falta que el Gobierno reconozca el grito de la mayoría, reconozca lo grave de la situación que han causado sus medidas populistas y que reconozca que una adecuada política en favor de todos los venezolanos debe contar con la participación de todos los miembros de esta sociedad.

EL DIALOGO EN LA ASAMBLEA

La democracia como sistema político tiene muchos años en el debate público; de hecho, las primeras referencias las conseguimos en los antiguos pensadores de la filosofía griega. Más hacia nuestros tiempos, la democracia moderna se entiende como un sistema de separación de poderes para que la responsabilidad de quien dicte las normas, quien las juzgue y quien las ejecute no sean las mismas personas, ya que el poder en una sola persona representa los sistemas más injustos, como la tiranía, el totalitarismo y el absolutismo, entre otros.

De esa manera conseguimos que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más el Electoral y el Ciudadano en el caso venezolano, son los órganos del poder público que garantizan el sistema democrático y alejan de las pretensiones autoritarias de un pequeño grupo sobre el resto de la sociedad.

La Asamblea Nacional, como órgano legislativo, es el encargado de reglamentar la conducta de la sociedad a través de las leyes que rigen los distintos intereses de toda la población venezolana. Es la muestra de la mayor representación del pueblo, ya que en ella participan todas las visiones políticas y de todos los rincones de la región.

Tiene entre sus funciones ejercer el control de los demás poderes públicos, ya que el parlamento es elegido de manera directa por todos los ciudadanos y con la participación de todos los sectores de la sociedad.

El mejor diálogo político es el que se da en el seno de la Asamblea Nacional, ya que esta es la representación más exacta de los deseos de cambio de la gente. Negar ese espacio y sus competencias es negar el principio de la democracia y acercarse más a un régimen totalitario. Pretender desconocer a 14 millones de venezolanos es una raya que no podemos permitirle pasar a este desgobierno.

La democracia debe nacer en el diálogo de todos los sectores dentro del parlamento. Desconocer a la AN implica desconocer la democracia y que la responsabilidad de legislar, juzgar y ejecutar quede en manos del partido minoritario del Gobierno.

RENDICION DE CUENTAS

Luego de la fallida intención del Presidente de presentar la Memoria y Cuenta del año 2016, el recién nombrado ministro celebra con pompas los supuestos éxitos de la gestión gubernamental. Lamentablemente, no hay nada más perjudicial para el desarrollo de un país que un gobierno que no les rinda cuentas a sus ciudadanos de la realidad y de las causas y consecuencias de sus males.

El año 2016 es un año de heridas, como bien lo reconoce el ministro Jaua: es el año de peor desempeño económico del país desde hace más de 100 años, con una inflación que multiplicó el precio de los bienes por 7 (es decir, lo que comprábamos a 200 en enero, tuvimos que pagarlo a 1.400 en diciembre) y con una caída de la producción y de oportunidades de empleo productivos de más de 10%.

Es un año de heridas porque al Gobierno se le olvidó mencionar que hubo más de 25 mil venezolanos muertos por la violencia desatada, que la pobreza aumentó drásticamente, que la pobreza extrema, esa que vemos todos los días al ver a ciudadanos recoger comida de la basura, se hizo presente en todas las ciudades del país, y que la escasez de productos de primera necesidad y de medicina para nuestros familiares nos obliga a realizar colas de más de cuatro horas hasta por un pedazo de pan.

El Vicepresidente habla de una supuesta “guerra económica”, pero en sus cuentas no menciona que el Gobierno tuvo que destinar cada vez más recursos para pagar una creciente deuda externa que nada le aporta al desarrollo del país y solo ha servido para enriquecer a los altos funcionarios de este gobierno corrupto. Que no quieren aprobar el bono de alimentación a pensionados, que no han construido más viviendas, y que no quieren darles a las personas el legítimo derecho de ser propietarios de su vida.

Reconoce muy bien que la burocracia estatal ha penetrado hasta lo más profundo de la organización social poniendo al aparato del partido a administrar mafias de distribución de alimentos, a través de la extorsión y del chantaje populista. Lo que no es capaz de asumir todas esas verdades ante la Asamblea Nacional, legítima representante del pueblo venezolano.

He aquí la verdadera razón de por qué el Presidente no rindió sus cuentos ante la AN.

AGENDA PARLAMENTARIA

Este nuevo período legislativo nos pone frente a retos impostergables para el país. La crisis económica que se acentúa cada día, debe ocupar la agenda de debate dentro del Parlamento nacional sin vacilaciones, pues la mayoría de los venezolanos, golpeados duramente por la situación, esperan de la Asamblea una institución que pueda brindar soluciones de manera efectiva a sus problemas.

En sentido estricto, el poder legislativo no puede aplicar medidas, pero si puede (y es prioridad que lo haga) convertirse en la caja de resonancia de las aspiraciones del pueblo venezolano y plantear un plan que se convierta en la alternativa para aplicar los correctivos necesarios al desastre económico y social que estamos viviendo.

Desde la fracción de la Unidad asumimos un trabajo doble. En primer lugar, con nuestros electores, con quienes tenemos la obligación de estrechar nuestra conexión, ampliar los procesos de consulta acerca de las decisiones que se toman en el seno de la AN y hacer del trabajo legislativo un espacio para la interacción ciudadana como elemento para el rescate paulatino de la democracia.

Tenemos un trabajo interno esencial, pues hay una importante cantidad de parlamentarios jóvenes, quienes se forman como el liderazgo de relevo del quehacer político, con los cuales necesitamos expandir horizontes y brindar herramientas para aumentar la calidad de las intervenciones dentro del hemiciclo, que por mucho tiempo estuvieron dedicadas solo a las consignas complacientes a favor del gobierno de turno.

Asumimos la labor de la reconstrucción del país. La AN, como aporte por excelencia para el modelaje social y político que debe promoverse para lograr un verdadero cambio, que trascienda al intercambio de sillas; que se incruste en la conciencia y en el accionar diario. Como los representantes más legítimos y soberanos de la nación debe ir dirigido a responder a las múltiples demandas que a viva voz se reclaman en todos los rincones del país. Por eso, la construcción de la agenda parlamentaria, lejos de convertirse en un ejercicio de tensión entre las fuerzas, debe ser útil para el pueblo y convertirse en la ruta estratégica para destrancar el juego y posibilitar el cambio político.

POR LA RUTA DEMOCRATICA

Han pasado dos meses desde que el país volcó su atención al diálogo como vía para encontrar soluciones a la crisis que nos agobia, pues había especial necesidad de que este instrumento ofreciera resultados tempranos para aliviar el sufrimiento de los venezolanos.

Se pretendía dar salida humanitaria y electoral a la tragedia que vivimos día tras día, y para ello era imprescindible el cumplimiento de acuerdos mínimos que permitieran generar confianza para transitar un camino de entendimiento, a lo cual el Gobierno dio la espalda.

El nombramiento de los rectores del CNE por parte del TSJ, usurpando funciones propias de la Asamblea Nacional, ha sido la más clara señal por parte del Gobierno de que quiere sepultar una vía pacífica y democrática de entendernos. Esto, más la acelerada destrucción económica que impulsa Maduro, sirven la mesa para subir el volumen totalitario del Gobierno.

Venezuela actualmente es comparable a Zimbabue, tanto en términos económicos como políticos, y resulta increíble cómo en pleno siglo XXI, cuando América Latina avanza hacia el desarrollo, nuestro país se encuentre hundido en una miseria similar a cualquier país africano estando en presencia de un gobierno que cada día que pasa se coloca más al margen de la Constitución.

No es menos cierto que la Unidad debe reinventarse, sobre todo porque ahora nos encontramos en una realidad completamente distinta a la de hace apenas algunos meses.

El reto fundamental de 2017 consiste en atender de forma simultánea dos frentes. Por una parte, hay que detener de manera inmediata el caos económico y social que estamos viviendo y, por otra parte, hay que rescatar el voto como el arma ciudadana más poderosa para decidir nuestro destino. Resolver ambos asuntos supone un esfuerzo adicional de todos los sectores que hacen vida en el país para entenderse con un plan conjunto y con una Unidad amplia, sólida, sin vacilaciones, que conduzca hacia la recuperación nacional.

Los demócratas solo debemos plantearnos el fin de esta hecatombe por la ruta democrática; no es tiempo de aventuras, es el momento de que el liderazgo político renovado se coloque al frente de la batalla definitiva para conquistar el cambio en Venezuela, y cada uno como ciudadano debe plantarse en su puesto de lucha.

RECUPEREMOS LA DEMOCRACIA

El chavismo se ha llevado de frente el bienestar económico del país y ha trastocado nuestra cultura democrática. Por mucho tiempo, este país ha intentado consolidar una democracia social combinando el valor de la libertad y de la justicia social, logrando ser un país ejemplo en procesos democráticos. Sin embargo, la miopía a las transformaciones sociales y el poco éxito en la universalidad de los derechos sociales llevaron al colapso de nuestro sistema político con una falsa retórica mal llamada “socialismo del siglo XXI”.

La recuperación de la democracia se vislumbra como la única vía que puede concretar el bienestar popular. Por esto, los que creemos en ella debemos recuperar la tolerancia y la pluralidad como parte de la sociedad democrática; por ende, el debate, el reconocimiento de otro y la búsqueda de consenso debe ser nuestro medio en cualquier actuación política.

Un factor vital para la eficacia de nuestra felicidad social es la construcción de una institucionalidad racional y moderna en nuestra sociedad. El énfasis en la institucionalidad como garante de la democracia y el desarrollo social. En ese sentido, la división de poderes es el corazón de la democracia y el garante de esta. Por ello, la renovación constitucional de los poderes públicos es una oportunidad para acercarnos juntos a una solución pacífica de la presente crisis y para recuperar la institucionalidad democrática que debe representarnos a todos.

La renovación de esos poderes, en particular el Poder Electoral, es un proceso claramente establecido en la Constitución y exige la inclusión de la sociedad civil, la idoneidad de los candidatos y su imparcialidad política.

Los futuros profesionales que asuman el cargo tienen una importante responsabilidad, pues dependen de ellos el equilibrio y la imparcialidad política de nuestro país. Por eso, invitamos a la sociedad civil a ser parte y participe de este proceso. La recuperación de nuestra sociedad es responsabilidad de todos y la construimos paso a paso.

NUESTRAS PREOCUPACIONES

Ya casi termina 2016 y lamentablemente podemos decir que hemos sido testigos del peor año en gestión económica, política y social que hayamos tenido los venezolanos a lo largo de toda la historia. Y aunque pueda parecer una exageración, nunca, ni en democracia ni en dictaduras, nuestras familias han sufrido tanta escasez, tanto abandono, tanta inflación. Los únicos responsables de este desastre solo pueden ser el presidente Maduro y sus ministros a través de las malas decisiones que siguen tomando.

Lo peor de este escenario es que, con esa actitud que muestra el gobierno, cada vez se da la espalda a todos los venezolanos. Como dice el refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y esa es la actitud que vemos de parte de Maduro con las denuncias de incremento de la inseguridad o con un aumento continuo de la criminalidad. En la economía solo actúan con la intención de esconder las cifras económicas y querer ocultar una inflación de 700%, o con cada acción del Tribunal Supremo de Justicia, que intenta tapar una verdad tan evidente como el sol a través de sentencias que solo anulan la capacidad de solucionar los problemas entre todos. Esa visión solo profundiza la crisis en lugar de buscar soluciones para todos y entre todos.

Nuestro propósito es solucionar estos problemas, que son las principales preocupaciones de todos los ciudadanos. Cómo llevar el pan a nuestros hogares, saber si nuestros hijos llegan sanos y salvos a nuestras casas o cómo conseguir los medicamentos vitales y esenciales para nuestros familiares y amigos. Este gobierno se empeña en encerrarse en discursos, con palabras y lenguajes que poco tienen que ver con nuestra realidad. Hablan de guerra, hablan de conspiraciones, mientras que nosotros lo que buscamos es darles soluciones a los problemas concretos de la sociedad.

La solución debe construirse desde cero. Debe contar con la participación de todos y, sobre todo, debe generarse a través de espacios democráticos de participación y vinculación de los ciudadanos para darle una respuesta real a los problemas de nuestra vecindad, de nuestros circuitos, de nuestra ciudad y de nuestro país.

EL EJERCICIO DE LA POLITICA

Estos días han sido difíciles para todos los venezolanos. Mientras cada uno de nosotros lucha día a día para sobrevivir en un escenario adverso, con una inflación que se come cada mísero aumento de sueldo que nos corresponde, que luchamos para conseguir comida y medicinas para nuestras familias y que estamos a merced del hampa y de la delincuencia, la esperanza de tener un futuro mejor nos alienta y se convierte en nuestro único refugio para continuar nuestras vidas.

Para los que participamos en el mundo de la política, la responsabilidad se multiplica, porque el trabajo cotidiano se convierte en el ejercicio de la representación de los intereses de todos los venezolanos, y las acciones que uno lleve a cabo deben buscar la mayor representación tanto de los intereses de la comunidad como de los valores de democracia y justicia que tanto nos identifican y que juramos defender ante la Constitución y al frente de la Asamblea Nacional.

El ejercicio de la defensa de los intereses públicos no siempre es armónico. En la defensa de los temas solemos encontrar distintos criterios en la forma de resolver los problemas comunes, y la mejor manera para lograr una solución a favor de las grandes mayorías es lograr entenderte con tu adversario y tratar de conseguir espacios de entendimiento y de posibles acuerdos. Cuando los obreros de una fábrica se van a huelga por defensa de sus derechos, la forma de conseguir acuerdos es mediante la discusión con el patrono. Cuando estos acuerdos no son posibles mediante el Parlamento o mediante discusiones de políticas públicas, el asunto suele dirimirse en elecciones, y de allí viene el ejercicio democrático.

Pero cuando el escenario de la participación electoral se nos ha secuestrado, la mejor forma, la más efectiva y pacífica, es aquella que mediante la discusión entre las partes se logra crear esos espacios que persiguen rescatar la representación de los mejores intereses de justicia y progreso social, y que permiten avanzar hacia el rescate de los principios que defendemos y que nos motivan a seguir trabajando para la construcción de un mejor país.

GOLPE A LA INSTITUCIONALIDAD

El artículo original de este espacio estaba dedicado a ofrecer las razones del por qué firmar el RR-16 y por qué ratificar la voluntad del pueblo en conseguir una salida a los grandes problemas de nuestra sociedad: difícil acceso a los alimentos, elevado costo de la vida y pérdida de seguridad son los principales temas que necesitan respuesta inmediata, y este mal gobierno ha demostrado su incapacidad para resolverlos.

Pero una triste decisión de las comadres del CNE, respaldada por unos tribunales sin competencia en la materia electoral y con unos jueces provisionales que responden a las presiones partidistas del gobierno, nos quitan a todos los venezolanos el mayor derecho que tiene una sociedad democrática: el derecho a elegir. Con argumentaciones muy débiles, dan razón a unos malandros que solo se atornillan en el poder para robarnos nuestro futuro y el de nuestros hijos, con actos de corrupción, enriquecimiento e impunidad.

Desde el 6-D, día de las elecciones parlamentarias, la intención del gobierno ha sido desconocer la institucionalidad y el juego democrático de permitir a las distintas ramas del poder público a ejercer sus competencias. Se escuda en esclusas y se aprovecha del dominio ventajista del TSJ o del CNE para tratar de quitarnos el futuro; miembros de poderes que fueron nombrados sin cumplir los mínimos requisitos para su designación.

Rompieron todo principio de equilibrio institucional al autoasignarse el presupuesto del año 2017, sin el control natural del parlamento, para solo ratificar el papel autoritario del ejercicio del poder. Vemos además comprometido el futuro financiero profundizando la deuda externa y con la posible salida del sistema financiero internacional por el mal manejo de las cuentas públicas.

Es momento de decir “¡basta!”. Es momento de unirnos y exigir, como lo establece nuestra Constitución, la salida democrática de un gobierno que ha comprometido nuestro futuro y que solo es garantizarnos pobreza y miseria para los años futuros. Nos merecemos un futuro mejor. Queremos ejercer nuestro derecho a decidir y a elegir un destino mejor y solo desde la Unidad podremos lograrlo.

INSTITUCIONES DEMOCRATICAS

Cuando ganamos las elecciones parlamentarias en diciembre del año 2015, la mayor expectativa que se creó fue la de volver a la ruta democrática que nos ha caracterizado como pueblo en la historia contemporánea de Venezuela. Por algo hemos sido precursores en América Latina de luchas sociales como el voto universal, directo y secreto, de la inclusión del voto femenino y de la instalación de la democracia.

Pero nosotros hemos insistido en que este proceso es una lucha larga, no se logra de un día para otro. El retroceso que ha instalado el partido rojo de desgobierno en cuanto a la calidad de la democracia es muy grande. Vivimos con mucha preocupación y con el rechazo profundo de las organizaciones políticas, que en el anterior período de gestión de la Asamblea Nacional el gobierno manipuló y forzó la designación de magistrados del TSJ y de rectores del CNE sin cumplir los mínimos requisitos y con militancias recientes en el partido de gobierno.

Esto no ha hecho más que debilitar la credibilidad de dichas instituciones, con una justicia parcializada que no brinda la confianza a cualquier ciudadano de un trato justo ante la ley, o de un árbitro electoral que impide que los venezolanos diriman sus diferencias a través de un proceso electoral justo, democrático e imparcial, sino que sucede todo lo contrario. Vemos como el TSJ desconoce abiertamente las decisiones del Poder Legislativo escudado en un supuesto conflicto de poderes, favoreciendo solo las malas políticas que se instauran desde la presidencia, o vemos cómo el CNE se burla de la voluntad democrática de la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio.

El proceso es largo pero continuo. Pronto iremos recuperando los espacios y las instituciones democráticas con la designación de nuevos rectores que respondan a un criterio imparcial de lo electoral, y reacomodaremos la designación de nuevos magistrados que sí cumplan con los requisitos de ley y que juzguen con igualdad ante la ley a todos. Así, poco a poco, desde nuestros espacios de trabajo iremos.