El reto electoral
STALIN GONZÁLEZ |
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31 de Octubre de 2014
La capacidad de elegir es la vía más elemental de
participación política y la concreción de la soberanía que reside en la
ciudadanía.
La capacidad de elegir es la vía más elemental de participación política
y la concreción de la soberanía que reside en la ciudadanía. En Venezuela, el
Poder Electoral nace de la creación de una arquitectura institucional, donde la
consulta a los ciudadanos sobre los asuntos públicos transcendentales se
convierte en un eje de su sistema democrático.
Es el Consejo Nacional Electoral la institución que dirige y vela por
ese propósito en el país. Es el ente encargado de garantizar que los mecanismos
presentes en nuestra Constitución, ya sea para la consulta pública, la renovación
de cargos o la derogación de los mismos, sean de fácil activación ciudadana y
que el proceso transmita confianza en los resultados obtenidos.
Ese poder garantiza tales objetivos siempre y cuando ejerza sus
funciones con transparencia, equidad e imparcialidad; a través de ellos se gana
la credibilidad y la legitimidad para ser el intermediador de los intereses que
comprenden la ciudadanía y sus élites políticas. Son tan importantes que la
ausencia de ellos sacrifica la credibilidad institucional del poder, debilita
el valor del sufragio como herramienta participativa y, por ende, aminora
nuestra democracia.
Y ha sido su ausencia lo que ha puesto a Venezuela frente a una
decadencia democrática. El Poder Electoral venezolano se convirtió en un órgano
legitimador de procesos comiciales que han sido viciados por el personalismo,
el desbalance y la opacidad. Nuestras elecciones son motivo de desconfianza y,
lejos de ser una vía de resolución de pugnas políticas, es el motivador de
estas.
El vencimiento de funciones de los rectores y su venidera renovación nos
pone en la oportunidad de exigir que los que dirigen ese organismo lo
reconduzcan a la necesaria neutralidad institucional. Es menester de la
sociedad civil postular a aquellos ciudadanos imparciales e independientes que
puedan llevar esa labor, y también es nuestro deber exigir y controlar las
postulaciones y posteriores nombramientos con estos propósitos.
Los nuevos rectores tienen como reto y como obligación restituirles a
los venezolanos un proceso electoral libre, justo y transparente, deben
regresarle al voto su justo valor en el imaginario de la ciudadanía venezolana
y renovar así nuestra democracia.
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