viernes, 17 de octubre de 2014

A dedo


STALIN GONZÁLEZ | Últimas Noticias.
17 de Octubre de 2014

Este robo de competencias viola otras normas y reglamentos de nuestra arquitectura jurídica, ya que sacrifica de forma importante el sistema descentralizado establecido en la Constitución
El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sentencia de forma inequívoca y tajante que la soberanía popular reside en el pueblo venezolano y que éste la ejerce de forma directa o indirecta por medio del sufragio, es decir, que aquellos que representamos la soberanía popular debemos ser elegidos de forma directa y/o indirecta.

Este principio jurídico que pudiera ser absurdo resaltar en un escrito para ustedes, no lo es tanto por su continua violación por parte de la élite gubernamental comandada por el Psuv. Desde 2008, cuando la oposición ganó la Alcaldía Metropolitana, el Gobierno ha creado instituciones fantasmas y cargos paralelos que tienen como único fin restarle competencias a estos cargos ganados por la otra opción política.

Este robo de competencias viola otras normas y reglamentos de nuestra arquitectura jurídica, ya que sacrifica de forma importante el sistema descentralizado establecido en la Constitución, sistema logrado tras largos esfuerzos por parte de la sociedad venezolana en la distribución más equitativa del poder público a lo largo del territorio nacional. Las corporaciones, gobernaciones y autoridades hoy creadas a gusto del proceso personalista y dogmático, sacrifican pues, dos principios de nuestra Constitución; la descentralización y la fuente de nuestra soberanía popular.

La afección del poder por el poder ha favorecido que el voto de todos los venezolanos sea irrespetado y menospreciado. De igual manera ha logrado que esta nube de cargos opacos, elegidos a dedo, propicie el reciclaje de liderazgos, la opacidad de la gestión y la probable cadena de favores a la dirigencia partidista a quien finalmente les deben sus puestos.

Parte de los cambios que requerimos en este país es la recuperación de la institucionalidad venezolana, y eso pasa por el cese de estas parainstituciones que están al servicio de la propaganda. Cuando los venezolanos deciden brindarle la oportunidad a la alternativa política de gestionar sus asuntos públicos, el Gobierno ha irrespetado esta decisión y proclama además que lo hace por el bien del pueblo venezolano, es decir, afirma que hace algo por el país destruyéndolo.

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